El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por Felipe Negret Mosquera contra el Decreto 0703 del 7 de julio de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional reglamentó las condiciones para la realización de corridas de toros, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas durante el periodo de transición establecido por la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé. La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en providencia del 28 de agosto.
La demanda cuestiona específicamente varios apartes del decreto, entre ellos disposiciones relacionadas con las condiciones para la realización de los espectáculos taurinos, sus procedimientos y requisitos. El proceso tiene como demandados al presidente de la República y a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las Culturas, las Artes y los Saberes.
La controversia se produce en medio de la transición hacia la prohibición total de la tauromaquia en Colombia. La Ley 2385 de 2024 estableció que, transcurridos tres años desde su entrada en vigencia, quedarán prohibidas en todo el territorio nacional las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas. La Corte Constitucional declaró exequible esta ley en 2025.
Mientras llega esa prohibición, el Decreto 0703 estableció nuevas condiciones para los espectáculos que todavía pueden realizarse durante el periodo de transición. Entre ellas están la prohibición de ingreso y participación de menores de 18 años, mayores controles de bienestar animal y restricciones para que estos eventos puedan realizarse únicamente en municipios o distritos con una tradición taurina regular y constante.
El Consejo de Estado determinó que la demanda cumple los requisitos para ser estudiada y ordenó que las autoridades demandadas sean notificadas. Paralelamente, la magistrada ponente dio traslado de la solicitud de suspensión provisional para que el Gobierno se pronuncie.
El proceso abre así un nuevo capítulo jurídico para la tauromaquia colombiana. Mientras el Congreso ya fijó por ley el camino hacia su desaparición en julio de 2027, ahora será el Consejo de Estado el que deberá determinar si el Gobierno se ajustó a sus competencias al expedir las reglas que regulan el último periodo de transición o si, como sostiene el demandante, algunos de esos apartes deben salir del ordenamiento jurídico.
Mientras avanzan las acciones anunciadas, Cormanizales, organizadora de la Feria de Manizales 2027, mantiene su preparación y aseguró a sus abonados que pondrá todo su esfuerzo y dedicación para conseguir que la Feria se pueda realizar. El futuro de la temporada dependerá de lo que determinen las autoridades competentes frente al nuevo marco jurídico.
