Luego de la denuncia de la unidad investigativa de Noticias Caracol, según la cual se encontraron en dispositivos electrónicos (celulares, memorias USB, computadores) incautados a miembros del grupo disidente Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC, al mando del alias Calarcá (Alexander Díaz), comunicaciones y documentos que revelarían vínculos entre esa disidencia, el aparato de inteligencia estatal y altas autoridades del Ejército, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional, hasta por tres meses, del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera y de Wilmar Mejía, director Estratégico de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por sus presuntos vínculos y filtraciones de información a integrantes de esas organizaciones.
“La medida cautelar busca impedir la posible repetición de los hechos denunciados y garantizar el adecuado avance del proceso disciplinario”. Según la entidad, por la naturaleza de los cargos y el acceso que ambos funcionarios tienen a información sensible del Estado, su permanencia podría entorpecer la investigación o derivar en nuevas conductas irregulares.
La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que la investigación procura establecer si Huertas y Mejía habrían suministrado códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública y si habrían brindado apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitirían legalizar armas y facilitar la preparación de grupos armados ante un eventual rompimiento de diálogos con el Gobierno.
La Procuraduría también decretó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si los funcionarios actuaron bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.
El proceso disciplinario continuará con la recolección y análisis de evidencias que permitan esclarecer la magnitud de los presuntos vínculos entre los funcionarios y las disidencias, en medio de un escándalo que ha generado preocupación nacional por posibles filtraciones desde organismos de inteligencia y la Fuerza Pública.
Las denuncias de Caracol
Entre lo que se reporta: supuesta filtración de información militar, propuestas para crear empresas de seguridad fachada, protección de disidentes, y posible financiación ilegal a campañas políticas.
Específicamente, se afirma que la disidencia habría tenido acceso a información reservada sobre operaciones del Ejército, lo que le habría permitido evadir acciones de las fuerzas del Estado.
Los implicados
Los nombres y cargos que han sido vinculados por Noticias Caracol y documentos incautados son:
- Juan Miguel Huertas — general del Ejército, jefe del Comando de Personal. Según el informe, habría tenido contacto con la disidencia, incluido propuesta de empresa de seguridad con ellos.
- Wilmar Mejía — alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Es señalado como uno de los enlaces con disidencias de las FARC.
- Gustavo Petro — presidente de la República. Si bien no se le señala directamente como implicado en estas comunicaciones, el escándalo afecta a su gobierno, y él ha negado los vínculos.
- Francia Márquez — vicepresidenta. En los archivos incautados también se menciona presunto apoyo de la disidencia a la campaña presidencial de 2022 a través de su mediación, algo que ella ha negado rotundamente
Si se confirman los hechos, significaría una infiltración profunda de grupos armados ilegales en estructuras de seguridad del Estado —algo gravísimo para la institucionalidad.
También podría afectar la credibilidad del gobierno, especialmente de cara a su política de “paz total” con grupos armados.
Surgen dudas sobre posibles financiaciones ilegales de campañas electorales, lo cual comprometería la transparencia democrática.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación oficial por posible cooptación de agentes estatales, filtración de información, financiación ilegal y contactos con grupos armados.
Las evidencias denunciadas (correos, chats, documentos) provienen de dispositivos incautados en 2024 a una caravana de disidentes detenidos en Anorí, Antioquia.
