La medida, adoptada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, le permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días para conjurar la crisis fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
El Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano, con el propósito de recaudar $16,3 billones que permitan cerrar el déficit fiscal generado, entre otros factores, por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
La declaratoria quedó formalizada a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la totalidad de su gabinete ministerial. La medida se sustenta en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al Ejecutivo para dictar decretos con fuerza de ley durante un periodo de 30 días calendario, con el fin exclusivo de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Según el artículo 2 del decreto, el Gobierno podrá adoptar “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis”, incluyendo operaciones presupuestales y la posibilidad de crear nuevos tributos o modificar los existentes.
Control político y revisión constitucional
El decreto establece además que, una vez finalizado el Estado de Emergencia, el Congreso de la República deberá ser convocado dentro de los diez días siguientes, con el fin de ejercer el correspondiente control político sobre el uso de las facultades extraordinarias, tal como lo ordenan la Constitución y la Ley 137 de 1994.
De manera paralela, la norma será remitida a la Corte Constitucional, que deberá realizar el estudio jurídico y determinar la constitucionalidad de la declaratoria y de las medidas que se expidan en su desarrollo.
Los argumentos del Gobierno
En los considerandos del Decreto 1390, el Gobierno nacional expone una serie de razones que sustentan la decisión, entre ellas:
• Una situación grave e inminente que limita la capacidad del Estado para garantizar plenamente algunos derechos fundamentales.
• Una coyuntura fiscal excepcional, agravada por hechos concurrentes con alto impacto social.
• La existencia de factores sobrevinientes que afectan de manera extraordinaria las finanzas públicas.
Entre las causas específicas mencionadas se encuentran:
1. La obligación de cumplir decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la UPC en salud.
2. La necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, ante alteraciones del orden público y el aumento del riesgo para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales.
3. El hundimiento de dos proyectos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.
4. Los desastres naturales derivados de la actual ola invernal.
5. Sentencias judiciales pendientes de pago y obligaciones legales atrasadas, como subsidios de servicios públicos y combustibles.
6. El agotamiento de las alternativas de endeudamiento, las restricciones derivadas de la Regla Fiscal y tensiones externas.
7. Las limitaciones de caja de la Tesorería General de la Nación.
Contexto fiscal y próximas decisiones
La semana pasada, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que el Gobierno cierra el año con esfuerzos por mantener el equilibrio fiscal, pero reconoció que los ingresos tributarios no crecieron al ritmo esperado. A esto se sumaron el fracaso legislativo de la Ley de Financiamiento, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación pública, y la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación de 2026, estimada en $16,3 billones.
El Ejecutivo anunció que en los próximos días se conocerán las primeras medidas concretas que se adoptarán en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, a través de decretos reglamentarios.
