La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación administrativa contra Telecafé para establecer si la entidad habría utilizado su régimen contractual especial para direccionar de manera deliberada 11 invitaciones privadas en favor de la empresa Du Brands. Los procesos bajo análisis superan los $43.200 millones y representan el 34% de los recursos destinados por el canal regional al servicio de apoyo logístico entre 2018 y 2022. La actuación se originó tras una denuncia presentada por el senador Edwing Fabián Díaz Plata y por información difundida en distintos medios de comunicación.
Según la SIC, durante la fase preliminar se recopilaron elementos probatorios que evidenciarían una posible estructura diseñada para favorecer a Du Brands en los procesos contractuales. Entre los hallazgos se identificó una presunta flexibilización irregular de requisitos, decisiones discrecionales en la selección de contratistas y una aparente preferencia injustificada hacia esa empresa, pese a que Telecafé contaba con un banco de 91 aliados con capacidad para prestar servicios logísticos. La entidad también advirtió posibles debilidades en los manuales de contratación que habrían facilitado estas prácticas.
El organismo de control señaló además que Du Brands habría experimentado un crecimiento cercano al 1.000% en sus ingresos durante el periodo investigado, consolidando su participación en la contratación estatal. Sin embargo, una vez finalizado el gobierno con el que presuntamente se le vinculaba, la empresa habría registrado una fuerte disminución en su participación dentro del mercado público, situación que para la SIC podría evidenciar una dependencia de recursos estatales más que de condiciones reales de competencia.
La Superintendencia informó que ya realizó visitas administrativas, análisis de procesos en SECOP, requerimientos de información y toma de declaraciones relacionadas con el caso. Asimismo, anunció que trasladó los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación al considerar que las conductas investigadas podrían trascender el ámbito administrativo y configurar posibles afectaciones al erario y al sistema de contratación pública.
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