La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, liderada por Gloria Arizabaleta, tomó la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro del cargo mediante una medida cautelar que estará vigente hasta el 21 de junio, por presunta indebida participación en política. Esta determinación generó un intenso debate en el ámbito jurídico y político, ya que diversas voces han cuestionado la validez de la medida, argumentando que excede los límites establecidos por la normativa correspondiente.
Tras el escándalo suscitado, la parlamentaria Arizabaleta modificó su comunicado inicial, añadiendo un séptimo punto en el que se remite a la Comisión de Acusaciones para que la situación sea sometida a consulta en sesión plenaria.
Al ser interrogado por periodistas, Petro expresó que «la Comisión de Acusaciones, hasta ahí llego, y yo sé que no ha pedido mi suspensión«. Aclaró que la solicitud proviene de una congresista, cuyo abogado es un miembro de la oposición más radical, y que cualquier suspensión necesitaría una votación posterior. «Estamos en la primera fase, no estamos hablando de un presidente suspendido como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones«, añadió.
El mandatario también hizo hincapié en que pedirá a los ministros que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes, señalando que, aunque no se opone a que un congresista haga solicitudes al Ejecutivo, considera que cuando se cruza la línea hacia la extorsión, se comete un delito.
Por su parte, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella calificó la situación como un «autoatentado legislativo«, argumentando que se trata de un «prevaricato monumental» diseñado a medida para Petro. En contraste, el exesposo de la congresista que tomó la decisión, Roy Barreras, afirmó que «la supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el Presidente Petro no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA» y que carece de competencia para tomar tal determinación, sugiriendo que su único efecto sería político.
Otras reacciones
María Fernanda Cabal, una de las críticas más acérrimas del presidente Gustavo Petro, expresó su preocupación por la decisión de una congresista del Pacto Histórico de suspender al mandatario. Según Cabal, la Comisión de Acusaciones no tiene la competencia para llevar a cabo tal acción, sugiriendo que esta medida parece más un favor para que Petro se victimice y evite complicaciones legales, ya que solo el Senado puede decretar la suspensión. En un tono similar, Gustavo Bolívar, exsenador y aliado del petismo, denunció que la suspensión es un abuso de poder, señalando que la congresista que tomó la decisión fue elegida con votos de Petro y está vinculada a Roy Barreras, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad de la acción.
Por su parte, el electo congresista Daniel Briceño calificó la situación como una jugada política, argumentando que la representante Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras, actúa sin competencia para suspender a Petro, buscando que el presidente se victimice y capitalice políticamente. Expertos legales como Iván Cancino también señalaron que la suspensión del presidente por parte del Congreso es poco probable, «no porque el Presidente no haya participado en política, sino porque los tiempos y procedimientos no permiten que la Comisión tome tal decisión; solo el Senado podría hacerlo tras un proceso extenso«. La incertidumbre persiste sobre quién tiene la última palabra en este asunto, dejando claro que la situación es compleja y poco clara.
