Inficaldas, la Gobernación de Caldas y la Cámara de Comercio de Manizales trabajan en una alianza para determinar la viabilidad de una zona franca permanente especializada que permita atraer inversión, generar empleo y fortalecer la competitividad del departamento.
La gerente de Inficaldas, Amparo Sánchez, presentó ante la Asamblea de Caldas la solicitud de aprobación de una vigencia futura de $280 millones para 2027, que se sumaría a los $45 millones previstos para 2026, para un aporte total de $325 millones por parte de la entidad. El estudio completo tendrá un costo de $875 millones, financiados también con $430 millones de la Cámara de Comercio de Manizales y $120 millones de la Secretaría de Planeación de Caldas.
La iniciativa busca establecer, mediante estudios especializados, cuál sería el mejor lugar en el área del kilómetro 41 y sus zonas aledañas para desarrollar una zona franca, así como determinar su viabilidad territorial, técnica, financiera y de mercado. Sánchez explicó que el propósito no es solamente identificar un terreno, sino definir qué tipo de empresas podrían instalarse, qué mercados atenderían y cómo lograr que el proyecto se convierta en una plataforma para la transformación industrial y agroindustrial de Caldas.
La gerente destacó que Caldas está entre los diez departamentos más exportadores del país y ocupa posiciones importantes en diversificación de destinos y exportaciones per cápita, pero mantiene una alta dependencia del café y enfrenta elevados costos logísticos. Además, señaló que es el único departamento entre los diez mayores exportadores del país que no cuenta actualmente con una zona franca. La conexión del corredor logístico agroindustrial de Occidente con los corredores hacia Urabá y Buenaventura representa, según Sánchez, una oportunidad para atraer inversión, reducir costos y facilitar la internacionalización de las empresas caldenses.
Inficaldas también busca aprender de la experiencia de la antigua Zona Franca Andina, ubicada en Maltería, que no logró consolidarse. Por ello, esta vez se pretende avanzar primero en estudios de factibilidad y en la identificación de empresas interesadas y con respaldo económico. La meta es encontrar al menos cinco empresas que puedan convertirse en inversionistas y evitar que el proyecto se quede únicamente en una etapa de estudios. El proceso tendría una duración de 26 meses y la expectativa es lograr la declaratoria de zona franca en 2028.
La propuesta contempla que los recursos sean desembolsados de manera condicionada al cumplimiento de las diferentes etapas y viabilidades. La Cámara de Comercio será la encargada de ejecutar el convenio y contratar el consultor especializado. Desde la Secretaría de Hacienda se indicó que la solicitud de vigencias futuras cumple los requisitos financieros y normativos, está articulada con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan de Desarrollo, cuenta con la respectiva aprobación del Confis y no compromete la capacidad de endeudamiento del departamento. Ahora será la Asamblea de Caldas la que tendrá que decidir sobre los $280 millones destinados para 2027, primer paso presupuestal de esta apuesta regional.
