La Industria Licorera de Caldas (ILC), a través de su Gerente general Diego Angelillis Quiceno, fijó una posición crítica frente al incremento de impuestos a los licores establecido por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, al considerar que la medida pone en riesgo la estabilidad del sector, afecta a las regiones y podría incentivar el crecimiento del mercado ilegal de bebidas alcohólicas.
Con la nueva normativa, el IVA para licores fuertes pasó del 5 % al 19 % a partir de 2026, mientras que el componente específico del impuesto al consumo aumentó un 119 %, y el componente ad valorem subió del 25 % al 30 %. Según estimaciones de la ILC, estos ajustes provocarían incrementos de hasta el 55 % en el precio final de productos emblemáticos como el Ron Viejo de Caldas, y del 43 % en el Aguardiente Amarillo de Manzanares.
Desde la licorera caldense se advirtió que este tipo de aumentos tributarios comprometen la viabilidad de la industria nacional de licores, un sector que representa cerca del 1,5 % del PIB del país y que genera más de 200.000 empleos en toda la cadena productiva, desde el campo hasta el comercio y el turismo.
Uno de los principales llamados de atención de la ILC está relacionado con el impacto en la legalidad y la salud pública. La empresa recordó que, en contextos similares en otros países, el encarecimiento del licor no ha reducido el consumo, sino que ha impulsado el mercado ilícito. En Colombia, según cifras de Euromonitor, cerca del 24 % del licor consumido es ilegal, una proporción que podría aumentar con los nuevos precios, elevando el riesgo de intoxicaciones y muertes por consumo de bebidas adulteradas.
La Industria Licorera de Caldas también manifestó preocupación por el destino de los recursos. Aunque históricamente los impuestos al consumo de licores han financiado la salud y la educación en los departamentos, el decreto establece que el recaudo adicional generado por el aumento del componente específico y del ad valorem deberá ser girado al Gobierno Nacional, lo que limitaría el beneficio directo para las regiones. En los últimos dos años, la ILC ha transferido cerca de $1,2 billones a estos sectores en el país, de los cuales aproximadamente $120 mil millones correspondieron a Caldas.
Pese a su postura frente al decreto, la empresa reiteró su compromiso con el consumo responsable de alcohol, señalando que continuará promoviendo campañas de prevención y apostándole a la innovación, con el desarrollo de productos de menor graduación alcohólica.
La posición de la Industria Licorera de Caldas se suma así al debate nacional sobre el equilibrio entre la política fiscal, la protección de la industria legal, la salud pública y los recursos que reciben las regiones, un tema que seguirá generando discusión a lo largo del 2026.
