La entidad inició vigilancia preventiva y exigió respuestas claras al Gobierno y la ANI sobre una eventual terminación anticipada de la concesión, el futuro de los peajes y las obras estratégicas del Eje Cafetero.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas frente al futuro del corredor vial Armenia–Pereira–Manizales, actualmente operado por la concesión Autopistas del Café, al anunciar el inicio de una vigilancia preventiva sobre las decisiones que vienen discutiéndose alrededor de la reversión del contrato y el polémico proyecto IP “Conexión Centro”. El requerimiento fue dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Javier Torres Yarzagaray.
El Ministerio Público dejó claro que existe preocupación institucional por las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar una terminación anticipada de la concesión o un eventual desmonte de peajes en el corredor vial del Eje Cafetero. La Procuraduría advirtió que decisiones de este tipo podrían desencadenar demandas contra el Estado, reclamaciones económicas, litigios arbitrales y millonarias condenas patrimoniales por posibles incumplimientos contractuales.
Uno de los puntos más sensibles del documento es el énfasis en los riesgos que tendría para la región la suspensión o retraso de obras estratégicas relacionadas con conectividad, movilidad, competitividad y seguridad vial. El organismo de control recordó que estos proyectos hacen parte de apuestas fundamentales para el desarrollo económico del Eje Cafetero y están ligados al Plan Nacional de Desarrollo.
La Procuraduría también expresó preocupación por el impacto financiero que tendría desmontar peajes sin contar con una fuente de recursos que reemplace esos ingresos. Según el documento, eliminar o reducir cobros sin una estructura financiera sólida pondría en riesgo la sostenibilidad de las obras, el mantenimiento de las vías y el cumplimiento de las metas previstas para la región.
Entre las solicitudes expresas hechas al Ministerio de Transporte y a la ANI, la Procuraduría pidió informar de manera clara y sin ambigüedades si existe alguna decisión encaminada a modificar o terminar anticipadamente el contrato de concesión vigente. Además, exigió conocer quién asumiría la operación y mantenimiento de la vía una vez finalice la actual concesión y cuáles serían los impactos fiscales, presupuestales y sociales de una eventual reversión.
Otro de los aspectos centrales del requerimiento está relacionado con la iniciativa privada IP “Conexión Centro”. La Procuraduría pidió explicar si existe alguna decisión administrativa o técnica sobre su aprobación o continuidad, cuáles son sus fundamentos financieros y jurídicos, y qué procesos de socialización y participación ciudadana se han realizado con gobernaciones, alcaldías y comunidades de los municipios impactados.
El órgano de control insistió en que cualquier decisión sobre el futuro del corredor vial debe hacerse con transparencia, participación ciudadana y articulación institucional, especialmente por tratarse de un proyecto que compromete el futuro de la infraestructura vial y el desarrollo económico del Eje Cafetero.
La entidad otorgó plazo hasta el próximo 28 de mayo para que el Ministerio de Transporte y la ANI entreguen toda la información requerida y anunció además la convocatoria de una mesa técnica interinstitucional para continuar el seguimiento preventivo sobre este proceso.
