La verificación técnica estará a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), con trayectoria en América Latina, y abarcará los sistemas de preconteo, escrutinio y divulgación de resultados.
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que los software y sistemas de información que operarán en las elecciones de Congreso, consultas de partidos y primera y eventual segunda vuelta presidencial de 2026 contarán con auditoría internacional. El proceso está siendo verificado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo con amplia experiencia en acompañamiento a procesos electorales en América Latina.
La iniciativa, que se ejecuta desde comienzos de este año, busca garantizar la transparencia, integridad técnica y confianza en el proceso electoral previsto para el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026. El alcance de la auditoría incluye la verificación y evaluación de la eficiencia, eficacia y seguridad de cuatro componentes clave: el software de jurados de votación, el software de preconteo, el software de escrutinio y el sistema de consolidación y divulgación nacional de resultados.
El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que CAPEL ha participado en la mayoría de procesos electorales del continente y que su presencia en Colombia apunta a elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales.
“Queremos resaltar como entidad el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, señaló el funcionario.
¿Qué es CAPEL?
CAPEL es el programa especializado del Instituto Interamericano de derechos Humanos (IIDH), creado en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina. Brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes y actúa como secretaría técnica de la Unión Interamericana de organismos Electorales (UNIORE).
Con esta auditoría internacional, la Registraduría busca blindar técnicamente el proceso electoral de 2026, en un contexto donde la confianza ciudadana y la vigilancia de los sistemas informáticos resultan determinantes para la legitimidad democrática.
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