La seguridad en Caldas fue el eje central de un intenso debate de control político en la Asamblea Departamental. El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Gómez Escudero, presentó el balance de la vigencia 2025, destacando avances significativos en la modernización tecnológica y la presencia institucional en el territorio, logros que fueron reconocidos por la corporación como pilares de la tranquilidad que aún distingue al departamento a nivel nacional.
A pesar del balance positivo, la diputada Karen Liliana Suárez Giraldo encendió las alarmas sobre la situación en el Alto Occidente caldense. Suárez fue enfática al señalar que el desarrollo económico, aunque bienvenido, está atrayendo nuevas amenazas. «Existe un riesgo latente en municipios como Supía y Riosucio, donde las nuevas inversiones pueden despertar el interés de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y la minería ilegal«, advirtió, sumando a su preocupación el incremento de homicidios en Marmato. Para la diputada, la capacidad de prevención del Estado debe evolucionar a la misma velocidad que la economía regional.
El diputado Carlos Alberto Arango Robledo destacó la labor de la Secretaría y el trabajo articulado con la Fuerza Pública. «Caldas sigue siendo uno de los departamentos más seguros del país; la gente duerme tranquila sabiendo que el Ejército y la Policía están presentes«, afirmó, instando a la administración a no bajar la guardia para mantener los índices actuales de seguridad y libertad ciudadana.
Gómez Escudero atribuyó parte del éxito al apoyo de la Asamblea, especialmente en la aprobación de vigencias futuras que han permitido fortalecer el CISEC. «Estamos modernizando los sistemas de videovigilancia en 16 municipios, instalando cámaras donde antes no existían para mejorar nuestra capacidad de respuesta«, explicó el funcionario.
El jefe de la cartera de Gobierno entregó un parte de tranquilidad de cara a la jornada electoral del próximo domingo. Aseguró que todas las capacidades institucionales están activadas y coordinadas para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de normalidad y seguridad en todo el departamento.
