El secretario de Salud de Manizales, David Gómez Springstube, recibió con satisfacción la medida adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La Secretaría ya había dado a conocer las disposiciones derivadas del Decreto 0182 de 2026, que ahora quedan congeladas tras la decisión judicial.
La reorganización del sistema de aseguramiento en salud en Colombia enfrenta un nuevo capítulo judicial luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretara una medida cautelar que suspende provisionalmente la aplicación del Decreto 0182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. La decisión se tomó tras una acción popular presentada por el abogado Víctor Raúl Palacio, quien advirtió que la implementación inmediata de la norma podría generar riesgos en la continuidad del servicio y afectar el acceso de millones de usuarios al sistema de salud.
El tribunal señaló que uno de los principales riesgos del decreto es la posibilidad de traslados masivos de afiliados entre EPS, lo que podría afectar la estabilidad operativa del sistema y la capacidad de atención de las entidades receptoras. También se advirtió que, en algunos territorios, la reorganización podría concentrar una gran cantidad de usuarios en pocas aseguradoras, reduciendo la libre elección de los ciudadanos y generando presión sobre las redes de prestación de servicios médicos.
El secretario de Salud de Manizales, David Gómez Springstube, manifestó que recibió con satisfacción la medida adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que existía una gran preocupación frente a lo que podría ocurrir con los usuarios que serían trasladados a otras EPS tras la aplicación del Decreto 0182 de 2026.
El funcionario señaló que una de las principales inquietudes tenía que ver con la capacidad real de las entidades receptoras para atender a los nuevos afiliados, especialmente en el caso de la Nueva EPS, donde, según indicó, ya existen dificultades para garantizar una atención oportuna a los usuarios actuales. Por esta razón, la suspensión provisional del decreto brinda un margen de análisis sobre los impactos que podría generar la reorganización del sistema de aseguramiento en salud.
Las disposiciones
El Decreto 0182 de 2026 proponía reorganizar el funcionamiento de las EPS mediante un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional. Entre sus principales disposiciones establecía umbrales mínimos de participación de afiliados para que las entidades pudieran operar en determinados departamentos y municipios, además de fijar límites al número de EPS que podrían funcionar en cada territorio según el tamaño de su población.
Uno de los aspectos más sensibles de la norma era el mecanismo de asignación automática de afiliados cuando una EPS dejara de operar en un municipio. Según el decreto, el traslado debía realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles utilizando la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), y las entidades receptoras no podían negarse a recibir a los usuarios, quienes pasarían automáticamente a la nueva EPS desde el primer día del mes siguiente.
En medio de este panorama, la Secretaría de Salud Pública de Manizales había informado previamente a la ciudadanía sobre la aplicación del decreto y las EPS que, bajo ese nuevo esquema, quedarían autorizadas para operar en Manizales. De acuerdo con ese reporte, en el régimen contributivo estarían habilitadas Nueva EPS, Salud Total EPS y EPS SURA, mientras que en el régimen subsidiado también se incluiría Pijaos Salud EPSI.
En el caso de usuarios afiliados a entidades que no quedaron autorizadas, como EPS Sanitas o EPS Famisanar, el Ministerio había previsto realizar el traslado automático de los afiliados. Este proceso se efectuaría hacia una de las EPS habilitadas para operar en la ciudad.
Aunque el Gobierno sostiene que la medida busca mejorar la equidad territorial, garantizar el acceso a los servicios en zonas dispersas y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, la decisión judicial mantiene suspendida su aplicación mientras se estudia el fondo de la demanda. El proceso continuará en los tribunales, en medio del debate nacional sobre el futuro del modelo de salud y la reorganización del aseguramiento en el país.
