El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó ante la Cámara de Representantes el Presupuesto General de la Nación 2027, denominado “Presupuesto de la Verdad”, por un monto de $635 billones, es decir, $59,3 billones más que la propuesta presentada por la administración anterior. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el nuevo proyecto incorpora obligaciones de obligatorio cumplimiento que no habían sido contempladas y que llevaron al Legislativo a devolver el presupuesto anterior.
Entre los recursos adicionales incluidos están $6,5 billones para pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $700.000 millones para universidades públicas y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. A esto se suman $37,4 billones adicionales destinados al servicio de la deuda, mientras el Gobierno asegura que aplicará medidas de austeridad por $17,5 billones, mediante reducciones en compras de bienes y servicios, inversión considerada no prioritaria y más de 250 líneas de gasto.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que el Gobierno recibió unas finanzas con un déficit fiscal, sin incluir intereses, del 4,4 % del PIB, frente al 2,1 % que había proyectado la administración anterior. La meta oficial es reducirlo al 3,3 % del PIB y posteriormente al 2,3 % en 2027. Para avanzar en ese propósito, el Ejecutivo anunció que expedirá próximamente un decreto de recorte y aplazamiento del gasto y pondrá en marcha la llamada Ley de Rescate Económico, con medidas orientadas a contener el crecimiento del gasto público y frenar el aumento de la deuda.
El proyecto inicia ahora su trámite en el Congreso, donde deberá ser estudiado y debatido antes de su aprobación definitiva. El Gobierno sostiene que el denominado Presupuesto de la Verdad busca recuperar la capacidad financiera del Estado, garantizar el cumplimiento de las obligaciones esenciales y avanzar hacia unas finanzas públicas sostenibles, aunque reconoce que las medidas de ajuste implicarán sacrificios. La discusión presupuestal será determinante para establecer cómo se distribuirán los recursos nacionales durante 2027 y qué capacidad tendrá el Estado para atender las necesidades sociales, las inversiones y los procesos de recuperación que requiere el país.
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