El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, se unió al pronunciamiento conjunto de los mandatarios departamentales del país que solicitan al Gobierno Nacional reconsiderar el aumento de los impuestos a los licores, establecidos en el marco del Decreto 1474 de 2025, expedido tras la declaratoria de Emergencia Económica.
El decreto contempla, entre otras medidas, el incremento del IVA del 5 % al 19 % para bebidas como aguardiente y ron a partir de 2026, además de aumentos en el componente específico y el componente ad valorem del impuesto al consumo. Para el gobernador, estas decisiones afectan de manera directa las finanzas de los departamentos y ponen en riesgo recursos que hoy se destinan a sectores clave como salud, educación y deporte.
Gutiérrez Ángel advirtió que el impacto de la medida se reflejará en un aumento significativo del precio al consumidor. Como ejemplo, señaló que una botella de 750 mililitros de Aguardiente Amarillo de Manzanares podría subir más del 40 %, mientras que el Ron Viejo de Caldas tradicional tendría un incremento superior al 50 % frente a los precios actuales. Según el mandatario, este escenario no solo desestimula el consumo legal, sino que abre la puerta al contrabando, la adulteración y al fortalecimiento de economías criminales.
“El llamado que hacemos no es un acto de rebeldía ni de desacato. Es una defensa legítima de los recursos de los departamentos. Estos incrementos exagerados encarecen los productos, favorecen el mercado ilegal y terminan afectando directamente las rentas departamentales”, expresó el gobernador, quien insistió en que el beneficio fiscal de la medida recaería principalmente en la Nación y no en las regiones productoras.
Ante este panorama, los gobernadores del país definieron una hoja de ruta conjunta que incluye una reunión con el ministro de Hacienda, la solicitud de un espacio de diálogo con el presidente de la República, la interposición de una tutela por la posible vulneración de los derechos sobre las rentas departamentales y la conformación de una comisión que expondrá el caso ante la Corte Constitucional. Asimismo, se analiza la aplicación de una excepción de constitucionalidad, al considerar que los impuestos al consumo de licores son, por naturaleza, ingresos propios de los departamentos.
Finalmente, el gobernador de Caldas reiteró que las transferencias generadas por las licoreras representan una fuente fundamental de financiación para programas sociales en los territorios, por lo que insistió en la necesidad de que estos recursos permanezcan en las regiones y sigan traduciéndose en bienestar para las comunidades.
