En un escenario académico, pero con un mensaje político claro, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, llevó al debate nacional una preocupación que comparten muchos mandatarios locales: la seguridad en las ciudades se está sosteniendo con recursos que no alcanzan y con responsabilidades que, aseguran, no les corresponden del todo.
Su intervención se dio en la Universidad de los Andes, en Bogotá, durante un diálogo sobre seguridad urbana que reunió a alcaldes y congresistas. Allí, Rojas no se limitó a describir el panorama; planteó una crítica directa al modelo actual, en el que los municipios terminan financiando buena parte de la operación policial.
Gasolina, motos, patrullas, seguros, mantenimiento e incluso herramientas tecnológicas para inteligencia e investigación hacen parte de la lista de gastos que hoy salen de las arcas locales. “No hay un presupuesto nacional que cierre las necesidades reales de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que ese vacío está siendo cubierto por alcaldías y gobernaciones, muchas veces sin capacidad financiera suficiente.
Pero el reclamo no se quedó en lo presupuestal. El mandatario también cuestionó el enfoque de la política criminal vigente, al considerar que prioriza garantías para quienes delinquen, mientras deja en segundo plano a las víctimas. A esto sumó otra carga: la atención de personas sindicadas, una responsabilidad que, según explicó, fue trasladada a los municipios sin recursos que la respalden.
En ese contexto, el mensaje de fondo fue una advertencia: las administraciones locales están respondiendo, pero lo hacen con limitaciones crecientes. Para Rojas, el camino pasa por replantear la política criminal y, sobre todo, por una mayor participación del Gobierno Nacional en la financiación de la seguridad urbana.
El alcalde cerró con una frase que resume el sentir expuesto en el panel: los mandatarios están haciendo la tarea, pero no cuentan con el respaldo necesario. Un llamado que, más allá del escenario académico, busca abrir una discusión urgente sobre quién debe asumir y cómo, el costo real de la seguridad en las ciudades.
