Foto Redes Santiago Osorio
La revista Semana informó que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral presentada contra la elección del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio Marín, elegido para el periodo 2026-2030 por la coalición entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde. La acción judicial fue instaurada por el abogado y estratega político Jamer Andrés Chica Castro, quien sostiene que el congresista no habría participado en la consulta interna realizada por el Pacto Histórico en octubre de 2025 y que, por tanto, no podía ser inscrito posteriormente dentro de la lista de esa colectividad en Caldas.
Según el demandante, la conformación de la coalición entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde habría desconocido los resultados de la consulta interna, los cuales —afirma— son de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. Chica Castro argumenta que la candidatura de Osorio podría constituir una causal de nulidad electoral, debido a que la inscripción presuntamente no respetó las reglas establecidas para la escogencia de aspirantes dentro de la consulta partidista. El abogado sostiene además que la Constitución y la normatividad electoral prohíben inscribir o apoyar candidatos distintos a quienes hayan sido seleccionados mediante ese mecanismo democrático.
Frente a la demanda, el representante Santiago Osorio Marín aseguró a Semana que la interpretación jurídica presentada en la acción sería “equivocada” y defendió la legalidad de su inscripción. El congresista manifestó que el acuerdo político suscrito entre las fuerzas participantes contemplaba expresamente la posibilidad de conformar coaliciones posteriores y sostuvo que su candidatura no reemplazó a ningún aspirante elegido en consulta, sino que permitió completar la lista luego de renuncias válidamente presentadas. Osorio afirmó tener “plena tranquilidad jurídica” frente al proceso y expresó confianza en que las autoridades electorales ratificarán la legalidad de su elección.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado también había admitido, hace dos meses, otra solicitud de pérdida de investidura contra el congresista, tras una demanda presentada por Cristian Fernando Muñoz. La acción judicial argumenta presuntas inasistencias, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se votaron proyectos de acto legislativo, proyectos de ley y mociones de censura.
