La declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social y las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno Nacional continúan generando reacciones en las regiones. Gobernadores y alcaldes del país anunciaron acciones jurídicas y solicitudes formales ante la Corte Constitucional, al considerar que los decretos expedidos ponen en riesgo la autonomía territorial, la estabilidad financiera de los entes locales y la garantía de derechos fundamentales.
Tras una reunión extraordinaria realizada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores expresaron de manera unificada su preocupación por los efectos del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se incrementaron el Impuesto al Consumo y el IVA de algunas actividades, como parte de las medidas para atender la emergencia declarada a través del Decreto 1390 de 2025.
Preocupación por impacto fiscal en las regiones
Los mandatarios departamentales advirtieron que la nueva carga impositiva podría afectar de forma directa la estabilidad financiera de los departamentos y, en consecuencia, la inversión en sectores clave como salud, educación y deporte. Según señalaron, estas medidas comprometerían la capacidad de las entidades territoriales para garantizar la prestación de servicios esenciales.
En este contexto, anunciaron que, con el acompañamiento de la FND, analizarán de manera urgente el instrumento jurídico más adecuado para frenar la aplicación del Decreto 1474, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la legalidad del estado de emergencia. Entre las alternativas se estudia la eventual aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
Solicitud de intervención ante la Corte Constitucional
Los gobernadores también informaron que solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y conformaron una comisión representativa para este propósito. Como voceros fueron designados las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar; y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
Reclamo por respeto a la institucionalidad
En su pronunciamiento, los mandatarios departamentales rechazaron recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y exigieron respeto por la institucionalidad que representan. Consideraron que calificarlos como un “mal ejemplo” desconoce su mandato constitucional y la labor que desempeñan en sus territorios.
Seguridad y situación de orden público
Adicionalmente, los gobernadores solicitaron al Gobierno Nacional la realización urgente de Consejos Regionales de Seguridad para definir medidas que hagan parte del Plan Democracia, con el fin de prevenir constreñimientos electorales, control territorial por grupos armados y otras amenazas al orden público.
Frente a la reciente ola de violencia en departamentos como Chocó y Cauca, expresaron su solidaridad con las comunidades afectadas y pidieron investigar las amenazas contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, así como reforzar su esquema de seguridad.
Alcaldes respaldan acciones jurídicas
En paralelo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia formal a la solicitud presentada por el Distrito de Medellín, mediante la cual se pide la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025.
Asocapitales argumentó que los hechos invocados por el Gobierno para declarar la emergencia no cumplen con los requisitos de imprevisibilidad, sobreviniencia y gravedad exigidos por la Constitución. Según la Asociación, las situaciones citadas corresponden a problemas estructurales del Estado que pueden atenderse mediante mecanismos ordinarios de planeación y presupuesto.
Riesgos para la autonomía territorial
La entidad advirtió que mantener vigentes los decretos podría generar impactos jurídicos y fiscales irreversibles, afectar el equilibrio entre las ramas del poder público y comprometer la autonomía fiscal y administrativa de municipios y distritos capitales.
Por ello, solicitó a la Corte Constitucional suspender los efectos tanto del Decreto 1390 de 2025 como del Decreto 1474 de 2025 y de cualquier otro decreto legislativo que se expida con fundamento en la declaratoria de emergencia, mientras se adopta una decisión definitiva.
Asocapitales anunció que hará seguimiento permanente al proceso y reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la separación de poderes y la sostenibilidad fiscal de las ciudades capitales del país.
