Foto Plaza de Toros de Manizales
Por Germán Mejía Gallo
La prohibición de las corridas parece tener fecha definitiva. Sin embargo, el desarrollo incompleto de la Ley 2385, la ausencia de una transición efectiva para quienes viven del mundo del toro y la llegada de un nuevo Gobierno abren interrogantes que vuelven a poner a Manizales en el centro del debate nacional.
Hay una variable que comienza a aparecer con insistencia en las conversaciones del mundo taurino colombiano. No tiene que ver con los ruedos. Tiene que ver con la política.
La llegada de un nuevo Gobierno Nacional en 2026 abre, al menos en teoría, un escenario distinto al que existía cuando fue aprobada la Ley 2385. Aunque la norma fijó un período de transición hacia la prohibición definitiva de las corridas de toros, varios de sus componentes más importantes siguen pendientes de desarrollo.
El propio sector insiste en que el Estado ha concentrado sus esfuerzos en la prohibición, pero no en la otra cara de la ley: la protección de quienes viven de la actividad. La ley se ocupó del toro, pero todavía no se ha ocupado suficientemente de las personas.
Ganaderos, mayorales, vaqueros, transportadores, veterinarios, monosabios, toreros, novilleros, banderilleros, picadores, sastres de toreros, artesanos, empresarios, decenas de actividades económicas y hasta un hospital que dependen directa o indirectamente de la Fiesta Brava, continúan preguntándose cuál será su futuro cuando desaparezcan las corridas.
La respuesta institucional no aparece
Los programas de reconversión económica, capacitación laboral y sustitución de ingresos que contempla el espíritu de la transición, siguen siendo más una promesa que una realidad. Y allí podría estar el principal argumento de quienes consideran que el proceso aún admite una revisión.
No necesariamente para desconocer el debate sobre el bienestar animal, sino para preguntarse si el Estado puede dar por terminado un sector económico sin haber cumplido plenamente las obligaciones de transición que la misma ley contempla.
En los círculos taurinos comienza a plantearse una posibilidad: que el nuevo Gobierno impulse un compás de espera mientras se implementan de manera efectiva las medidas de reconversión y reparación económica previstas para quienes integran el mundo del toro. Entre tanto se esperan respuestas de la justicia ante las demandas existentes por parte de quienes defienden las corridas de toros en nuestro país.
Desde luego, esa alternativa no depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo. Requeriría decisiones del Congreso y debería ajustarse al marco constitucional vigente. Pero políticamente deja de ser una hipótesis imposible. Porque una cosa es prohibir una actividad, y otra muy distinta es garantizar una transición justa para miles de personas cuya vida económica ha girado durante décadas alrededor de ella.
Si ese debate logra abrirse en el nuevo escenario político, la temporada taurina de Manizales podría adquirir un significado adicional. No sería la despedida de una tradición. Podría convertirse en el punto de partida de una nueva discusión nacional sobre la forma en que Colombia decide cerrar, o eventualmente replantear, uno de los capítulos más controvertidos de su historia cultural.
La verdadera discusión ya no es únicamente si Colombia tendrá o no corridas de toros después de 2027. La verdadera discusión será si un Estado puede dar por terminada una actividad legal sin haber cumplido primero con quienes la ejercieron bajo el amparo de la misma ley.
