Manizales inició una nueva fase de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mientras continúan las visitas técnicas y la atención a las familias afectadas, el Concejo Municipal instaló un periodo de sesiones extraordinarias para debatir las primeras medidas financieras destinadas a la reconstrucción de la ciudad.
Durante la instalación, el secretario privado de la Alcaldía, Manuel González, explicó que la ciudad debe pasar de la atención inmediata a la recuperación de viviendas, edificaciones públicas, infraestructura y condiciones de habitabilidad. Para ello, la administración presentó un proyecto que busca autorizar un empréstito de hasta $220.000 millones, con el propósito de financiar demoliciones, mejoramientos de vivienda, soluciones habitacionales e intervenciones en instalaciones públicas.
La secretaria de Hacienda, Natalia Díaz Jurado, señaló que inicialmente se incorporarían $100.000 millones al presupuesto municipal, mientras que los $120.000 millones restantes quedarían previstos para 2027. Aclaró que los $220.000 millones corresponden al máximo nivel de endeudamiento que puede asumir actualmente el municipio y no representan el costo total de la reconstrucción.
Los recursos también estarán orientados a la recuperación económica, especialmente de la actividad comercial en el Centro, además de ampliar las ayudas para las familias damnificadas. El concejal Carlos Arturo Marín destacó que podrían requerirse más recursos para mejoramientos de vivienda, soluciones habitacionales y subsidios de arrendamiento, incluso por un periodo superior a los tres meses inicialmente establecidos.
El presidente del Concejo, Julián Andrés Pineda López, pidió que el debate se realice con rapidez, pero también con responsabilidad y control político, recordando que detrás de cada decisión están las familias que esperan recuperar sus viviendas y condiciones de vida. La aprobación del crédito de $220.000 millones marcaría el inicio formal de la reconstrucción de Manizales, cuyo principal reto será establecer prioridades y garantizar que los recursos lleguen a las familias, comercios, viviendas e infraestructura pública afectados.
