Foto Plaza de Toros de Manizales
El Ministerio de las Culturas expidió el decreto que reglamenta en uno de sus apartes la aplicación de la Ley 2385 de 2024 y que, en la práctica, deja sin viabilidad las corridas de toros en Colombia durante el período de transición previo a su prohibición definitiva, prevista para julio de 2027. La nueva reglamentación prohíbe las principales suertes de la lidia, al impedir el uso de la puya, las banderillas y la suerte suprema, por lo que, de realizarse algún espectáculo taurino, este deberá ser incruento, es decir, sin causar lesiones ni la muerte del animal.
El decreto también prohíbe el ingreso de menores de edad a las plazas de toros, regula la realización de los tentaderos y establece que solo podrán autorizarse eventos taurinos en municipios donde exista una tradición regular, periódica e ininterrumpida desde el año 2010. Además, se prohíbe el uso de recursos públicos para financiar actividades taurinas o construir infraestructura destinada a ellas.
El decreto ya generó la reacción del sector taurino, que anunció una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, acompañada de una solicitud de suspensión provisional de la norma. Los promotores de esta acción consideran que la reglamentación excede lo dispuesto por la ley y hace imposible el desarrollo de las corridas antes de que entre en vigor la prohibición total en julio de 2027.
Sin reglamentación
El decreto expedido por el Ministerio desató una fuerte reacción del sector taurino, que anunció una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado con solicitud de suspensión provisional. Según los representantes de la actividad, las nuevas disposiciones exceden lo establecido por la ley y hacen prácticamente imposible la realización de los espectáculos taurinos durante el período de transición.
Los taurinos sostienen que, desde la promulgación de la ley, ninguna de las entidades encargadas de reglamentarla se había pronunciado y que solo al final del actual Gobierno se expidió el decreto. A su juicio, varias de las medidas adoptadas desconocen la normatividad vigente y modifican el alcance de la ley aprobada por el Congreso, razón por la cual consideran que la reglamentación vulnera derechos y excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo.
El gremio también asegura que el Gobierno Nacional ha incumplido otro de los compromisos derivados de la prohibición de las corridas de toros: la puesta en marcha del plan de reconversión laboral para toreros, subalternos, ganaderos, comerciantes y demás personas que dependen económicamente de la actividad taurina. Recuerdan que la Corte Constitucional había señalado la necesidad de adoptar medidas para proteger a quienes obtienen su sustento de este sector, proceso que, afirman, aún no se ha materializado. La decisión final sobre la legalidad del decreto quedará ahora en manos del Consejo de Estado.
