El ente investigador adelanta una minuciosa recolección de pruebas en la Secretaría de Infraestructura. El foco: presuntas irregularidades en anticipos no justificados de obras emblemáticas.
La Secretaría de Infraestructura de Caldas es hoy el epicentro de una compleja investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación. Un equipo especializado, compuesto por fiscales de Derecho Administrativo, documentólogos y expertos en contratación, se encuentra analizando una serie de procesos contractuales que han despertado serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos en el departamento.
Los proyectos bajo sospecha
La investigación no es menor. Según fuentes judiciales, el ente acusador busca esclarecer qué ocurrió con los recursos destinados a proyectos de alto impacto que, a la fecha, presentan cuestionamientos por la falta de justificación en los anticipos entregados. Entre los procesos bajo la lupa se encuentran:
- Las «vías del hermanamiento»: Un contrato firmado el 14 de septiembre de 2022, durante la administración del exgobernador Luis Carlos Velásquez, con el Consorcio Elein Samaná. Este proyecto, que recibió un anticipo de $10.000 millones, es hoy el centro de la controversia por el aparente incumplimiento y la falta de avance en las obras. En el caso de Samaná, por los incumplimientos continuos se le impulso una multa por $ 1.673 millones por parte de la Secretaría y se dio la terminación del contrato el 1 de noviembre.
- Programa «Mil Viviendas»: Un proyecto bandera que también está siendo auditado por los investigadores que también fue adjudicado durante la administración anterior.
Los casos tendrían que ver con las investigaciones que se realizan a la Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano (AREMCA), involucrada en escándalos de corrupción cercanos al medio billón de pesos, en donde se encuentran vinculados dineros del Sistema General de Regalías.
La postura de la Gobernación
Ante la presencia de los funcionarios judiciales en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, el titular de la cartera, Jorge Ricardo Gutiérrez, emitió un comunicado oficial aclarando la naturaleza de la diligencia. El funcionario enfatizó que no se trató de un allanamiento, sino de una «solicitud de información» formal.
«La acción fue desarrollada por funcionarios de la Fiscalía, quienes realizaron una solicitud de información relacionada con el estado y avance de un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento total de un contrato por parte del consorcio Elein Samaná», explicó Gutiérrez. Asimismo, el secretario reiteró que la administración departamental mantiene una política de «total colaboración y transparencia«, asegurando que seguirán entregando toda la documentación requerida para que las autoridades puedan llegar a la verdad de los hechos.
La comunidad caldense espera que estas investigaciones arrojen resultados claros, pues está en juego el destino de miles de millones de pesos destinados a obras que, en teoría, debían transformar la calidad de vida de los ciudadanos y que hoy, por el contrario, se encuentran en medio de un manto de dudas judiciales.
