La Agencia Nacional de Infraestructura revocó el rechazo a la iniciativa privada Conexión Centro, presentada por Odinsa, y ordenó retomar su evaluación. El cambio responde a una nueva orientación del Ministerio de Transporte y a la falta de financiación del Invías para ejecutar grandes obras. La decisión mantiene abierta la posibilidad de una nueva concesión después de 2027, pero no significa que el proyecto esté aprobado.
La ANI dio un giro en el futuro del corredor vial Armenia–Pereira–Manizales y la vía Calarcá–La Paila. Mediante la Resolución 20267020013965 del 6 de octubre de 2026, revocó el acto administrativo que rechazaba la iniciativa presentada por Odinsa Vías S.A.S., y dispuso continuar el proceso. La decisión pone sobre la mesa la posibilidad de acudir a un esquema de concesión para la operación, el mantenimiento y las inversiones futuras en estas carreteras.
El cambio no obedece a que la ANI haya declarado viable o aprobado la propuesta de Odinsa. La entidad explicó que, cuando rechazó la iniciativa, en mayo de 2026, la orientación del Ministerio de Transporte apuntaba a una intervención pública liderada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), una vez se produjera la reversión del contrato de concesión 113 de 1997. Sin embargo, en septiembre el Ministerio modificó esa orientación y señaló que tanto la gestión pública como las concesiones y las asociaciones público-privadas (APP) pueden ser alternativas para atender las necesidades futuras del corredor.
Uno de los elementos determinantes para el nuevo escenario es la situación financiera del Invías. El Instituto manifestó que puede asumir la administración, operación y mantenimiento de las vías cuando sean entregadas, pero reconoció que no tiene recursos asignados, disponibilidad presupuestal ni una fuente de financiación definida para ejecutar nuevas obras, ampliaciones o intervenciones de gran magnitud. La financiación de esos trabajos dependería de decisiones posteriores de priorización y de trámites presupuestales que, según la resolución, aún no se habían iniciado.
A esa dificultad se suman las restricciones fiscales asociadas a la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, después del terremoto del 10 de agosto. La atención humanitaria, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas, entre ellas territorios del Eje Cafetero, se convirtieron en prioridades para el gasto público. En ese contexto, la ANI consideró necesario reabrir la evaluación de alternativas que permitan estudiar la participación de capital privado, sin comprometer automáticamente recursos del Estado.
La propuesta de Odinsa contempla un plazo de 30 años. El Ministerio de Transporte indicó que ese término no resulta, por sí mismo, contrario al marco legal de las APP, pues está dentro del máximo previsto por la Ley 1508 de 2012, incluidas sus eventuales prórrogas. No obstante, la duración planteada no constituye una aprobación del plazo ni del proyecto: ambos aspectos deberán ser examinados por la ANI dentro del análisis correspondiente.
¿Qué significa esto para las vías del Eje Cafetero después de 2027?
La resolución mantiene abierta la posibilidad de una nueva concesión, pero no fija una fecha para adjudicarla, no aprueba un contrato y tampoco define las obras que se ejecutarían, sus costos ni las tarifas de peaje que podrían aplicarse. La alternativa de que el Invías asuma la administración, operación y mantenimiento sigue vigente; la dificultad reconocida por el Instituto está en cómo financiar las grandes intervenciones que puedan requerirse.
Con la revocatoria, la ANI ordenó retomar el análisis de la iniciativa en la etapa de factibilidad, a partir de los estudios y documentos disponibles. La entidad deberá valorar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras, los riesgos, el interés público y su correspondencia con la política del sector transporte. El Ministerio precisó que su nueva orientación no equivale a respaldar ni a aprobar la propuesta de Odinsa, y la decisión final corresponde exclusivamente a la ANI.
La nueva concesión vuelve a ser una alternativa que puede estudiarse, pero todavía no es un contrato aprobado. La resolución cambia el panorama frente al rechazo de mayo y abre nuevamente la discusión sobre cómo se garantizarán la operación, el mantenimiento y las inversiones futuras en un corredor estratégico para Caldas, Risaralda y Quindío. El siguiente paso será conocer el resultado de la evaluación de factibilidad y la decisión definitiva de la ANI.
Lo que viene
Teniendo en cuenta que el originador llevó su propuesta hasta la etapa de factibilidad, un nuevo competidor tendría que afrontar condiciones de desventaja en el proceso de selección. La ley establece que, si un tercero manifiesta interés en participar en el concurso de méritos, el proponente originador recibirá una bonificación de entre el 3 % y el 10 % sobre su puntaje total, dependiendo del monto de inversión del proyecto. No obstante, si pese a esa ventaja otro participante obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, el originador tendrá un plazo de 10 días hábiles para mejorar su oferta. Si finalmente el nuevo proponente resulta adjudicatario, deberá pagar al originador el 100 % de los costos de los estudios y de la estructuración del proyecto, siempre que hayan sido previamente aprobados y tasados por la entidad estatal.
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