El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno, junto con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, trabaja en la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito que busca modernizar las normas, hacer más proporcionales las sanciones y disminuir los costos asociados a multas, trámites y servicios para conductores y propietarios de vehículos.
El presidente considera que la legislación vigente, expedida en 2002 y modificada posteriormente en cinco oportunidades, ya no responde a la realidad del país ni a las condiciones económicas de millones de colombianos.
La iniciativa ya está siendo trabajada con la ministra a quien le impartió instrucciones para avanzar de inmediato en la elaboración de un nuevo código que sea, según sus palabras, “moderno, justo y acorde con las necesidades del país”. La intención es poner las normas de tránsito al servicio de los ciudadanos y no convertir las sanciones y trámites en una carga económica desproporcionada.
Uno de los principales cuestionamientos del Gobierno está relacionado con el costo final que puede alcanzar una infracción, señalando que una multa, sumada a intereses, gastos de patios y servicios de grúa, representa para un ciudadano más de un salario mínimo e incluso hasta perder la motocicleta o el automóvil con el que trabaja y obtiene el sustento de su familia: “No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia”, al insistir en que el nuevo modelo deberá establecer sanciones justas y proporcionales, manteniendo el objetivo fundamental de garantizar el cumplimiento de las normas y la seguridad vial.
La reforma también contempla modificaciones en diferentes trámites y costos relacionados con el tránsito. Entre los anuncios se encuentran menores costos asociados al RUNT y al SIMIT, cursos de conducción más económicos, licencias con una mayor vigencia y plazos más razonables para la realización de las revisiones técnico-mecánicas.
También hizo referencia a la existencia de estructuras que se han beneficiado económicamente del actual sistema de tránsito. En ese contexto, aseguró que su Gobierno enfrentará lo que calificó como “mafias grandes” vinculadas a este negocio y advirtió que serán objeto de acciones para ponerles fin.
La propuesta no plantea disminuir la responsabilidad de los conductores frente a la seguridad vial. De la Espriella insistió en que la protección de la vida seguirá siendo una prioridad, pero bajo un sistema en el que las sanciones, los trámites y los cobros no terminen convirtiéndose en un negocio que afecte de manera desproporcionada el bolsillo de las familias.
La reforma se incorpora a una agenda más amplia de cambios que el Gobierno pretende desarrollar en diferentes sectores, con medidas orientadas a ordenar el Estado, reducir el gasto, proteger el empleo y la actividad productiva y movilizar recursos para la recuperación económica.
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